28/07/2010 La PrensaPágina: 19/Sección: Opinión - País: Argentina |
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La protección industrial
El Gobierno ratificó su política de protección a sectores industriales, que debe ser complementada por programas de creámiento en el sector de las pymes.
Desde el Gobierno se ratificó que el Estado pagará unos 2.300 millones de dólares de deuda que vence en agosto, como parte de la política de defensa y promoción de la industria nacional para el desendeudamiento del sector, en tanto se abrieron las ofertas para otorgar 200 millones de pesos en créditos a pymes a tasa subsidiada con destino a la inversión para la pequeñas y medianas empresas. Tanto en las manifestaciones oficiales como en las disposiciones aduaneras queda claramente expresado el propósito de poner bajo control la orientación de lo vinculado a la importación y el comercio externo, buscando mutar la matriz agroexportadora en pos de una diversificación, en tanto se advierten crecientes presiones de intereses en pugna. El comercio bilateral argentino con distintos países ha sido, en las últimas décadas, extremadamente favorable a la Argentina, aunque con tendencia a contraerse en los últimos años, incluido el año pasado. Pero la tasa de crecimiento de las ventas a nuestro país en este último lapso lleva a pensar que el saldo positivo bilateral se esfumará de aquí a fin de año, tornándose negativo. Después de tantos años de superávit comercial a nuestro favor, si el balance se invirtiera en medida razonable no debería ser por ese solo hecho preocupante, máxime que nuestro país está en condiciones de aumentar sus ventas externas. Importa mucho más el resultado de la balanza comercial global que cada uno de los resultados bilaterales que no podrán ser todos de signo positivo. La preocupación que moviliza al Gobierno y sectores industriales es la composición de las importaciones, que impacta en sectores de baja competitividad internacional. Las medidas adoptadas deben estar en conformidad con dos importantes acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el correspondiente a Aranceles Aduaneros y Comercio, y el de Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, que serán objeto de particular escrutinio en todas partes. Las trascendentes decisiones adoptadas obligan a señalar que la protección industrial puede derivar en otras consecuencias. Por un lado, los consumidores deberán afrontar mayores precios, lo cual redundará en inflación, ya que la política de tipo de cambio alto es en sí misma protectora, al igual que los aranceles de importación de algunos productos, que están entre los más altos, y por el otro lado, nuestras exportaciones podrían sufrir nuevas represalias, como parecería insinuarse respecto de la continuidad de inspecciones a los embarques de soja en China, tema de una magnitud futura difícil de evaluar. Respecto de los sectores industriales que se desea proteger, cabe sugerir la utilización de sistemas de administración comercial más refinados y con mayor preponderancia, y dada la reiteración de las situaciones descriptas, la instalación de programas de reconversión industrial que mejoren su competitividad internacional.
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